APUNTES SOBRE LA LEY 100 DE 1993
“Al apoderarse de la financiación y del manejo de los servicios de salud, los intermediarios financieros se han convertido en fuerzas políticas poderosas en cuanto a mantener el actual caótico, pero altamente rentable, sistema de salud. Tanto los profesionales de la salud como los pacientes son rehenes en cuanto a las decisiones de los aseguradores que operan con ánimo de lucro”.
J.B. Richmond y R. Fein
A propósito del fracaso de la Ley 100 de 1993:
Cada vez más personas tienen derecho a menos Salud.
Según el Dr. Álvaro Franco G. Profesor U. de Antioquia, Pasada más de una década de la promulgación de la Ley 100 de 1993, en Colombia, se hicieron todas las evaluaciones posibles. En lo que hay acuerdo es en que esta política no resultó exitosa como esperaba un sector de la opinión nacional. La gran mayoría, entre estos los académicos, los prestadores y los usuarios, están convencidos de que se ha constituido en el más rotundo fracaso que haya padecido el país en muchos años. Lo más interesante, sin embargo, es que todo sigue igual, peor aún se reafirma más el error en el afán de implementar lo que falta para ajustar los componentes básicos de la política social a los lineamientos trazados por el Neoliberalismo. Más grave aún es que nadie dice ser dueño de estos designios ni resulta quién muestre los resultados de la evaluación que llevan a la idea de profundizar una política equivocada.
Pese a todas las protestas, el Gobierno insiste en la aplicación de la Ley 100. El hecho que parece explicar mas no justificar la obstinación del Gobierno en establecer y hacer obligatorio este foco de graves problemas, parece ser la imposición de dicha política por parte de organismos foráneos, que de una u otra forma manipulan las políticas internas del país, aunque ya se conoce que la corrupción generada por éste sistema es una gran fuente de ingresos para los intermediarios de la salud y sus defensores.
Los defensores de la ley 100 nos hablan de sus éxitos que defienden con estadísticas acomodadas en las que nos demuestran como la mayoría de Hospitales son "saludables", pues mantienen sus finanzas "equilibradas". Y parece que ellos mismos creyeran sus mentiras, pues los periódicos hablan de la crisis hospitalaria y de los "pacientes de papel" que inflan artificialmente las estadísticas de los "genios" que elaboraron la Ley 100.
No existe otra explicación, pues los análisis científicos de la ley 100 revelan las nefastas consecuencias que ella produce y los hechos lo demuestran. Era posible comprobarlo antes de aplicarla, remitiéndonos a los países que ya han vivido tan destructiva política, pero ya es tarde. La salud está en crisis.
Como resultado de la implementación de la Ley 100, la responsabilidad social del Estado ha sido transferida a entidades comercializadoras, con lo cual las empresas suplantaron la gobernación política, y el concepto del rendimiento industrial ha aplastado la milenaria moral hipocrática. La ética médica, cuyo objetivo es el bien social, ha sido reemplazada por una controvertible y no bien definida “ética corporativa”, donde el costo-beneficio en términos de rendimiento
Financiero es el objetivo principal.
La comercialización de la atención de la salud que implantó en Colombia la Ley 100 modifica en forma drástica la concepción misma de la moral social, al reemplazar el imperativo hipocrático que busca siempre el beneficio del paciente por un esquema económico que somete el acto médico a los objetivos de lucro de la industria y al poder del mercado. En tal esquema el poder de decisión se sustrae del ámbito intelectual y científico de la profesión médica y pasa a manos de la burocracia administrativa de la corporación, convirtiendo al médico en un operario en la infraestructura corporativa creada con ánimo de lucro. Es un paso ominoso hacia la desprofesionalización de la medicina.
Como dice la Academia Nacional de Medicina en el Prefacio del informe Ley 100 de 1993: Reforma y Crisis de la Salud, En esencia es la conversión de la medicina, que como disciplina intelectual es una profesión de compromiso social, en un oficio que, al disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias. Esta nueva interpretación económica es una negación del humanismo en una de sus expresiones más puras, cual es el ejercicio de curar y de velar por la salud mediante el profesionalismo médico.
Al tiempo que la reforma abre oportunidades, también significa grandes peligros de perjuicio social. En esencia, la responsabilidad social del Estado ha sido transferida a entidades comercializadoras, con lo cual las empresas suplantan la gobernación política y el concepto de rendimiento industrial aplasta la milenaria moral hipocrática. La ética médica, cuyo objetivo inefable es el bien social, es reemplazada por una todavía no bien definida ética corporativa, donde el costo-beneficio en términos de rendimiento financiero es el objetivo principal.
Algunos efectos generales de ésta corrupción
 Muerte de los pacientes ancianos, especialmente los pensionados Muerte de los bebes más débiles o enfermos
Muerte de los pacientes más débiles
Estancamiento de la investigación
Abandono de las profesiones Médicas y afines
Escasez de profesionales confiables
Corrupción de los profesionales de la Medicina
Reducción considerable de la calidad de vida de los profesionales de la Medicina
Reducción de la calidad de la salud
Ahorro de dinero para el intermediario
Ahorro de dinero para el Estado
El efecto "positivo" es que sobrevive la población más productiva, es decir los que no necesitan atención médica y no son pensionados. Es un método muy eficaz para filtrar a la humanidad, sobre todo porque es tan sutil, que pocos parecen haberse percatado.
Toda esta maquinaria ha contado hasta ahora con la sumisión incondicional del profesional de la salud, que ha sido incapaz de hacer respetar su profesión, en la cual ya está perdiendo el interés. Este mismo profesional ha sido también incapaz de hacer respetar sus derechos por que seamos realistas, ya está olvidando que los tiene. Al fin y al cabo, cada vez es más simple cambiar de profesión.
Los sistemas de la Ley 100 e intermediarios de la salud violan los más elementales principios éticos, comercian con el dolor y la vida de las personas, obligan económicamente al médico y a los profesionales afines a actuar contra su ética profesional, impiden el libre ejercicio de la medicina, deterioran la calidad de los servicios médicos, encarecen el costo del cuidado de la salud y atentan contra la salud y vida de sus afiliados para generar cuantiosas ganancias.
Uno de los grandes preceptos de la Ley 100, fundamental para la sostenibilidad del sistema, era que los recursos destinados a financiar los hospitales públicos (recursos de oferta) disminuyeran a medida que aumentara el aseguramiento. Sin embargo, esto no ocurrió. Por el contrario, el monto destinado a atender este uso creció, a pesar de que el tamaño de la población objetivo disminuyó por el aumento del aseguramiento.
Esto muestra que el presupuesto destinado a hospitales es muy rígido y responde menos a criterios técnicos que a criterios políticos. Después de la Ley 715 de 2001, esta situación se agravó porque la responsabilidad de administración de los hospitales se cedió a los departamentos. Así las cosas, reducir el presupuesto para hospitales debilitaría a los departamentos, fuera del escándalo público que surge cada vez que se toma una acción así. Está dinámica lleva a otro círculo vicioso: a medida que se les asigna más dinero a los hospitales, hay menos plata para ampliar y sostener coberturas de aseguramiento. Con menos plata para ampliar cobertura hay que enviar más plata a los hospitales.
Además la Ley 100 incrementó los costos a la nómina de manera considerable, a cerca del 55% del salario. Posteriormente, se han presentado otros incrementos para salud, pensiones e impuestos parafiscales, aumentando este porcentaje a cerca del 60%. Como era de esperarse, este hecho generó una creciente participación del empleo por cuenta propia informal, receptor del empleo que se deja de generar en el mercado formal por los excesivos costos salariales. Así, este problema, unido a una cobertura ambiciosa del RS, que no está acompañada de tránsitos informalidad-formalidad y/o reglas de salida claras del RS, puede conducir a generar un círculo vicioso de mayor informalidad difícil de romper.
¿Qué hacer?
1. Acabar definitivamente el actual Régimen de salud.
2. Regresar al Estado la responsabilidad de la Salud y Educación (derechos fundamentales). Restablecer el Sistema Nacional de Salud.
3. Expropiar, sin retribución alguna, todas la Empresas prestadoras de servicio, sus recursos infraestructura, edificaciones y equipos. Esto significa nacionalizar todas las empresas de salud.
4. Expulsar del país a todos los propietarios extranjeros de empresas de salud y a todos los nacionales que sacan provecho de tal Ley. Incautar todas sus propiedades, activos y bienes productos de la Ley 100.
5. Modificar la legislación penal para considerar delincuentes a todos los que promulgaron la Ley. Investigar hasta determinar quien fue el ponente de dicha ley, los congresistas que la aprobaron y los autores intelectuales de tan maquiavélica Ley; y aplicar sobre ellos todo el peso de la ley.
6. Determinar por Ley como Enemigos de la patria, a aquellos que osen crear de nuevo un monstruo semejante.
Wilson Castro M. |
